2006: Hacer gobernable un país democrático.
Por: Tomás Yarrington

Reflexionar sobre el acontecer político mexicano y su prospectiva, exige preguntarnos sobre las variables de largo plazo, que permitirían a la joven democracia mexicana, generar resultados económicos y sociales relevantes.

En ese contexto, considero que las preguntas esenciales sobre México son:

1. ¿Qué situación muestra la democracia y la gobernabilidad, a cuatro y medios años de la alternancia en el poder? y;

2. ¿Qué podemos esperar los mexicanos de la contienda presidencial en el 2006?

Para contestar estas interrogantes es necesario contar con un mapa analítico básico.

Tomaré el del notable académico español Juan J. Linz que desarrolló en torno a transiciones democráticas y a la operación de los sistemas presidenciales.

Linz establece que en un cambio de régimen existen dos tipos esenciales de acciones y acuerdos políticos: Los tomados en previsión de los eventos y que generalmente rinden buenos resultados, que él clasifica como tempestivos. Y las reacciones a problemáticas ya presentes que ofrecen salidas difíciles de operar y con resultados macros, que reciben el nombre de intempestivos.

Asimismo, para el caso específico de regímenes presidenciales, Linz y otros renombrados académicos, identifican dos fuerzas contrapuestas: por un lado, el impulso cooperativo entre partidos que saben que cuentan con posibilidades de ser gobierno y, por tanto, se conducen de manera responsable para preservar instituciones que ellos pueden llegar a encabezar y.

Por el otro lado, el impulso no-cooperativo que incentiva a los partidos a bloquear las iniciativas de sus adversarios en espera de erosionar el desempeño del gobierno en turno y, con ello, incrementar sus posibilidades de ser el gobierno sucesor.

Cooperar y acordar para preservar el sistema; y competir y bloquear para incrementar las posibilidades de presidir el régimen, son las tensiones inherentes de un régimen presidencial, mas aún en uno de reciente democratización.

Dedicaré el resto de esta participación a responder las dos preguntas, con el marco teórico que acabo de describir.

I. El estado de la democracia en México: Una competencia pactada, con gobernabilidad incierta.

Competencia pactada

Los orígenes de la transición democrática electoral mexicana pueden remitirse hacia finales de la década de los setenta. Desde 1977, con la creación de los diputados de partido. El régimen dominado por el Partido Revolucionario Institucional, empezó a tomar claras medidas para garantizar una integración más diversa del poder y competencias electorales más transparentes y equitativas.

Esta dinámica, dónde se pactaban nuevas reglas, nuevas instituciones o figuras legales en fechas previas a elecciones nacionales, fue una constante de la transición mexicana hasta julio del 2000. Primero los actores definían el nuevo contexto de la competencia electoral y, luego, la elección tomaba lugar.

Hubo seis reformas electorales en casi veinte años de 1977 a 1996. (77, 86, 89 – 90, 93, 94 y 96)

Lo anterior, como toda acción tempestiva, rindió frutos notables.

Desde 1989 el poder político en México empezó a ser un poder compartido.

El acuerdo de nuevas leyes para competir, generó que hacia 1999 los partidos distintos al PRI gobernaran 10 de las 32 entidades de la Federación, así como 583 municipios que concentraban el 46.46% de la población.

La transición electoral fue una transición pactada y quizá el logro más destacado de esa serie de pactos, fue la creación del Instituto Federal Electoral.

El IFE surgió en respuesta a la controvertida elección de 1988 que por un momento amenazó la estabilidad del sistema político mexicano. Para prevenir crisis similares, las fuerzas políticas actuaron de manera previsora y acordaron en octubre de 1989 una nueva ley electoral y la creación del IFE como un organismo autónomo y parcialmente ciudadano encargado de organizar y vigilar las elecciones.

El Instituto y las nuevas reglas para garantizar una competencia más equitativa, llevaron a la elección presidencial de 1994 que generó uno de los resultados más competitivos y creíbles de la historia.

Ante la creciente pluralidad del país, y en previsión de contiendas electorales más reñidas, un nuevo pacto en noviembre de 1996 llevó a la plena ciudadanización del IFE y a la promulgación de una nueva Ley Electoral, que es la que tenemos vigente hasta la fecha.

El pacto de noviembre de 1996 sentó, a tiempo, las bases para garantizar la estabilidad de la transición democrática en un escenario donde la contienda electoral federal de 1997 generó el primer gobierno no-unificado de nuestra historia moderna.

Es decir, la primera ocasión que el presidente de la República no disponía de una mayoría legislativa que lo respaldara. Las tres últimas comparecencias del presidente Zedillo ante el Congreso de la Unión, fueron contestadas por diputados presidentes de la mesa directiva de partidos distintos al de él, en 1997 Porfirio Muñoz Ledo, en 1998 Carlos Medina y en 1999 Ricardo García Cervantes.

En ese contexto, el IFE fue una acción claramente tempestiva, un esfuerzo para crear instituciones que fueran un paso delante de los dilemas y retos que la transición electoral enfrentaría más adelante.

Me explico. Elecciones cada vez más competidas requerían un árbitro institucional confiable y aceptado por todos, y el acuerdo político que creó al IFE respondió a ese obvio escenario futuro.

En julio del 2000 la existencia previa de un sistema de administración y conteo electoral creíble fue uno de los factores esenciales que explican el éxito, de la transición democrática mexicana por vías institucionales y pacíficas.

El triunfo de Vicente Fox y su reconocimiento inmediato por otros partidos políticos, especialmente el PRI que dejaba el poder después de 70 años, fue resultado de la acumulación paulatina y, sobre todo, previsora de acuerdos y pactos en la arena electoral.

Así, podemos decir que la transición electoral mexicana fue una transición que fue posible con el respaldo de instituciones pactadas; primero se crearon nuevas reglas e instituciones que dieran credibilidad a los resultados y después, en un contexto de dilemas ya previstos, los partidos pudieron cambiar el escenario político nacional.

Gobernabilidad incierta

Las acciones y acuerdos “a tiempo” en la arena electoral, cosecharon el éxito notable de la alternancia en el poder, sin embargo, la ausencia de pactos similares en la arena de la gobernabilidad es lo que ha detenido el avance económico y social de la democracia mexicana.

En 1988, por primera vez bajo el régimen priísta, el presidente de la República perdió la mayoría constitucional en el Congreso (2/3 del total de los escaños), pero ninguna modificación institucional de largo plazo se pactó o acordó para enfrentar las consecuencias en el gobierno cotidiano de la creciente pluralidad.

En 1997, se generó el primer gobierno federal no unificado, donde el presidente de la República no disponía de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Esta tendencia se agudizó aún más en el 2000 y en el 2003, colocando al partido del presidente en posición minoritaria en el Poder Legislativo, y dando origen a un crónico gobierno dividido en México.

Si bien la tendencia hacia un poder compartido era clara, a diferencia de la transición electoral, en la transición de la gobernabilidad nunca se actúo para formular acuerdos o pactos que hicieran frente a esta variable, y que convirtieran a gobiernos plurales, en mejores gobiernos.

La gobernabilidad se dejó a las habilidades y cálculo de las administraciones y los actores políticos en turno. Obviamente, los actores en turno reaccionaban y trataban de remediar escenarios que ya se habían presentado. No iban un paso adelante de las tendencias de gobernabilidad de la transición democrática, sino uno atrás.

Esa omisión generó acciones intempestivas para tratar de hacer gobernable el nuevo escenario democrático, y sigue teniendo consecuencias negativas para la efectividad económica y social de la joven democracia. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que la gobernabilidad intempestiva constituye el mayor reto futuro de México.

Si acuerdos para competir y vacío político para gobernar, es el sello de la transición mexicana, ¿Qué podemos hacer para superar ese dilema? Tenemos reglas para elegir quien gobierna, pero no hay un piso común básico para exigir la configuración de un proyecto nacional. Lo que tenemos es transición sin proyecto de país.

Por esa razón, considero que en lo que resta de la presente administración cualquier pacto para hacer efectiva y gobernable la democracia será intempestivo, esto es, sujeto a voluntades personales y, especialmente, a cálculos electorales. Una aseveración grave sería que ahí no podemos ir más allá de pedir a los actores políticos asumir una conducta responsable o, por lo menos, no asumir actitudes que pongan en riesgo directo a la joven institucionalidad democrática.

Implica que en los dos años que restan a la presente administración los acuerdos dependerán de pactos circunstanciales y de las habilidades personales de los actores involucrados. Y por lo tanto, podemos esperar una trayectoria similar a los cuatro años previos.

Sin embargo, lo que sí podemos hacer hoy, es establecer el pacto o acuerdo que haga posible la gobernabilidad democrática en el escenario todavía por venir, es decir, el posterior al 2006. En estos dos años podemos solucionar el dilema esencial de la joven democracia: El desfase que existe entre la transición electoral y la transición de gobernabilidad.

Este es el momento para qué México, al igual que España en su momento, y buena parte de las democracias de la tercera ola internacional de democratización --desde Corea del Sur hasta Chile-- formule un pacto de gobernabilidad democrática.

Para millones de mexicanos que esperaban que en el 2000 todo cambiaría, casi mágicamente, este pacto puede sonar como una nueva prórroga a demandas sociales básicas pero para actores políticos responsables y para los observadores políticos internacionales, si en el periodo 2000-2006 únicamente logramos un pacto que facilite futuros escenarios de gobernabilidad, la administración actual habrá cosechado un elemento notable para el futuro nacional.

Un pacto hoy para los dilemas de gobernabilidad mañana, rescataría lo mejor de las tradiciones de la transición electoral mexicana. Haría, por fin, que gobiernos plurales sean también gobiernos de resultados.

Que alcancemos o no esto, dependerá en gran parte del perfil de los partidos rumbo al 2006, y especialmente de una reforma priísta pendiente, ese es precisamente el tema de la segunda parte de esta ponencia.

II. La contienda electoral del 2006: Entre la continuidad y la transformación del PRI

El PRI ya no ocupa la presidencia de la República, pero sigue siendo la organización más relevante del sistema de partidos.

Su estructura de militantes y presencia territorial, lo hacen la organización partidista más efectiva del escenario mexicano. Esto puede ser una fortaleza esencial, pero --mal interpretada-- puede también ser un factor que complique su regreso al poder.

En el 2006 México deberá escoger entre tres opciones básicas.

Una alternativa que básicamente seguirá reclamando acuerdos (antes que generando las condiciones para hacerlos posibles) y que solicitará más tiempo para producir resultados,  me refiero al Partido Acción Nacional.

Otra posición propondrá la refundación del país, sin explicar cómo pretende lograrlo sin violentar el delicado balance de acuerdos y consensos que una sociedad plural impone. Con la vista en la vuelta a un estatismo superado, es la opción del Partido de la Revolución Democrática.

Una tercera opción será la opción priísta, pero ahí todavía no es claro qué PRI competirá: Sí el PRI previo a la alternancia o el PRI plenamente insertado en la nueva realidad democrática.

De la solución a la incógnita priísta depende en gran parte el futuro y viabilidad del régimen presidencial mexicano en el corto y mediano plazos.

Si el PRD dispone del candidato que encabeza las encuestas nacionales, lo cierto es que no dispone de la estructura partidista o reputación como organización pro-positiva para traducir simpatías concentradas en el centro del país, en votación efectiva en todo el territorio nacional.

Acción Nacional depende de su record de gobierno, y tras cuatro años de ejercicio, no ha concretado las credenciales que ratifiquen su aptitud. Con una administración que no ha conseguido configurar una mayoría operable en el Congreso Federal, el PAN necesita demostrar que futuras administraciones de su parte, no sufrirán la misma carencia de oficio político.

Así, el PRI es el que ha cosechado los triunfos más recientes en las elecciones locales y en la última elección federal. Sin embargo, los triunfos priístas se han gestado en su mayoría en estados que ya gobernaba y por los márgenes más estrechos de la historia reciente de esas entidades de la federación. La victoria de Veracruz, por ejemplo, se obtuvo con una ventaja menor a un punto porcentual.

La gran tentación del PRI es suponer que sus cerradísimos triunfos locales, confirman que para regresar al poder sólo es necesario ajustar la maquinaria electoral y fortalecer la organización de militantes.

Es decir, que para competir con éxito baste con realizar ajustes ideológicos y programáticos menores al mismo partido que fue derrotado en el 2000. Sin pensar, en ningún caso, en una verdadera reforma para convertirse en una organización que pueda encabezar el nuevo tiempo democrático.

Por su parte, la preocupación de los principales centros de análisis internacional es que un triunfo priísta en el 2006, construido sobre la operación electoral pura,  sin una reforma interna previa y, especialmente, en contraste con la ineficacia del gobierno de Vicente Fox, pueda poner un alto a la transición mexicana. El riesgo, aunque exagerado, no es del todo irreal, depende --lo reitero-- del perfil del PRI que finalmente compita y de la actitud e intereses de su liderazgo.

Si el PRI, en una posición claramente empobrecedora --como buena parte de su liderazgo nacional hoy lo hace-- decide competir en términos puramente electorales, la actitud del partido será claramente en contra de los grandes acuerdos nacionales de hoy; con lo cual, complicará acuerdos nacionales operables más allá del 2006.

El mejor interés de “ese PRI” estaría en el pobre desempeño de la actual administración, es decir, en el fracaso de otros antes que en el mérito propio. Desataríamos con ello las peores tendencias de un sistema presidencial, donde los partidos se obstruyen mutuamente, los acuerdos en el legislativo serían nulos, y en donde el triunfo no se daría en torno a propuestas propias, sino al fracaso rotundo de otros.

La democracia mexicana iniciaría una carrera para escoger a quién ofrezca las garantías mínimas de estabilidad, y no las máximas de prosperidad. La democracia sería meramente procedimental sin contenidos sociales o económicos claros.

El PRI debe cambiar, debe reformarse y debe ser el partido pro-positivo que haga posible un acuerdo de gobernabilidad.

Si queremos que la democracia del régimen presidencial funcione, es necesario un pacto nacional que garantice el funcionamiento eficiente y eficaz de las instituciones nacionales, así como el catálogo básico de reformas económicas y sociales del Estado, que deben impulsarse sin importar quién preside el gobierno en turno.

Considero que el PRI debe ser la plataforma lógica desde la cual este pacto debe estructurarse. Posee el grupo legislativo de mayor peso en el Congreso Federal, y es el partido que gobierna más estados y más municipios. Para lograrlo tenemos el resto de esta administración.

La sociedad observa a los partido políticos, valora su actuación y reconoce tanto su responsabilidad como la calidad de sus propuestas.

En ese escenario tan crucial, el PRI necesita reformase y revisar la integración de su liderazgo. El PRI no puede seguir llamando a la unidad, por un lado, y seguir actuando en la división por el otro.

Si la elección del 2006 transformará los alcances de la pluralidad más allá de lo meramente electoral, la capacidad de los partidos para pactar desde hoy, las reglas de convivencia mañana es el elemento fundamental.

Existen tres partidos con posibilidades para ganar la presidencia, por ello es de lógico esencial, que impere el interés de cooperar para hacer gobernable el mañana, antes que iniciar la simple carrera electoral. Sí en democracia todos pueden ser gobierno, es fundamental definir las reglas de gobierno. En esa ecuación residen las posibilidades para que el primer gobierno de la alternancia logre algo perdurable en los últimos años de su mandato.

Esas son para mí, bases necesarias para que la alternancia sobre la alternancia --que tiene verdaderamente amplias posibilidades de ser un escenario subsiguiente-- genere éxitos en lo económico y en lo social, más allá de saldos positivos de una democracia electoral, que está lista para abrir los procesos de la vida pública a un escrutinio y a una participación más amplia de los ciudadanos.

III. A manera de conclusión: Hacer gobernable el régimen presidencial mexicano

En sistemas presidenciales --como lo han demostrado Linz, entre otros estudiosos-- la factura por ser un partido que obstruye y destruye puede ser enorme. Como político y militante entiendo y exijo que los compromisos del PRI con el desarrollo del país sean permanentes, no sólo cuando se es gobierno.

El triunfo priísta no puede derivarse de robarle a México más años de desarrollo. El PRI debe volver a ser el partido de las propuestas, no de la obstrucción, la intimidación o el regreso a esquemas superados. El PRI no debe esperar que un nuevo colapso económico o social sea el marco de referencia para su reforma. No podemos esperar otro colapso político para reaccionar.

En suma, si se me permite una reflexión de política comparada, México ha realizado las reformas equivalentes a la Ley de Reforma Política de 1976 en España, mismas que permitieron la competencia electoral y la elección de un nuevo gobierno democrático. Ese es el estado del desarrollo de la democracia mexicana.

Lo que México no ha alcanzado es un pacto que determine las características económicas esenciales de la nación, y que provea una oportunidad a todos los actores para definir el régimen, que habrá de suceder al que concluyó en julio del 2000.

México está, con respecto a la cronología ibérica, en algún punto entre noviembre de 1976 y el 27 de octubre de 1977. Entre una transición que permite tener elecciones limpias y la consolidación de un acuerdo democrático que contenga un verdadero programa económico, político y social de gobierno, en una palabra, un Pacto de la Moncloa.

México necesita resultados, necesita que la democracia sea la base de buenos gobiernos y no de parálisis institucional.

Es necesario pactar el nuevo régimen, y estos dos años son la ventana de oportunidad para logarlo.

Es tiempo de la política de compromiso, en la que los actores tomen una posición clara y determinada.

Es tiempo de apostarle a un proyecto. Es tiempo de provocar, de provocar el debate, de desafiar el status quo.

De pensar, con responsabilidad, con visión de estado y no sólo con buena fe, las características de ese proyecto nacional.

De buscar con responsabilidad y en base a las verdaderas prioridades nacionales, los acuerdos para abandonar la clara falta de ideas y de posturas inflexibles que no han permitido darnos rumbo en el presente y certidumbre en el largo plazo. .