Salud y competitividad.
Por: Tomás Yarrington

Tradicionalmente hablar de estrategias y programas de salud pública es parte de la discusión en el área de política social, y rara vez abordamos el tema como uno de los pilares de la competitividad económica. Sin embargo, los niveles de inversión en salud de un país y el estado de salud de su población tienen una influencia directa en el desarrollo del capital humano y los niveles de productividad, así como en el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social de largo plazo.

En la medida que la inversión en salud permite a la población acceder a servicios médicos equitativos, eficientes y de buena calidad, se alcanzará un “círculo virtuoso” mediante el cual se logrará mejorar la competitividad de los individuos y de la sociedad en su conjunto, para –posteriormente- avanzar hacia un mayor desarrollo económico y humano.

Siguiendo los modelos económicos clásicos, la competitividad de un país depende, entre otros factores, de tres recursos claves: las personas, el capital y los recursos naturales, mismos que al combinarse favorablemente aumentan el valor de los productos, procesos y servicios. En el caso de los recursos humanos, insumos como la salud y la educación juegan un papel preponderante para alcanzar una mayor productividad y capacidad competitiva de un país.

Como elemento generador de riqueza nacional, el sistema de salud está vinculado a las empresas privadas en un esquema de doble vía: por una parte, el sistema de salud es productor de suministros, es decir, entrega servicios de salud a la economía; por otra parte, es generador de oportunidades de negocios, esto es, el sector salud es también un sector donde se puede invertir y donde se genera un número substancial de empleos.

Un país no puede aspirar al máximo nivel de crecimiento y competitividad si su sistema de salud es ineficiente o está subfinanciado. Por ejemplo, las empresas pierden competitividad porque tienen que gastar ineficientemente en la atención de la salud de los trabajadores y sus familias. Estas ineficiencias incluyen típicamente:

1. Un costo excesivamente alto por servicios de salud, lo cual se manifiesta en el doble o triple pago que realizan muchas familias aseguradas en IMSSS o ISSSTE que utilizan, por conveniencia o urgencia, servicios de salud privados devengado de su bolsillo o, en ocasiones, las mismas empresas para el re-aseguramiento de su fuerza laboral a través de seguros privados.

2. El ausentismo laboral por enfermedad del propio trabajador o de su familia, o a causa del otorgamiento de incapacidades que no corresponden al problema de salud presentado.

3. El valioso tiempo laboral perdido en la concertación y en la espera de citas médicas.

Que la salud es fundamental para elevar la productividad de los trabajadores, la competitividad de las empresas y el crecimiento de las naciones no es una hipótesis, es un hecho ampliamente documentado. En el plano internacional se cuenta con evidencia sobre la estrecha relación que prevalece entre los niveles de salud de la población y los alcances de infantes en la escuela, la productividad laboral y el crecimiento económico.

Diferencias en la salud explican aproximadamente el 17% de la variación en la productividad individual de los trabajadores entre los países afiliados a la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cual es un valor similar a lo que se atribuye a las diferencias en productividad individual generadas por los niveles de educación e inversión en infraestructura.

Un aumento en 10% de la esperanza de vida puede elevar en 0.4% el crecimiento económico de una nación. Para ilustrar ese caso, debe decirse que el crecimiento económico en Inglaterra entre 1900 y 2000 se debió en gran parte —aproximadamente 0.33% al año— a mejorías en la nutrición y la salud de los trabajadores.

A nivel mundial, un aumento de un punto porcentual en la tasa de sobrevida de adultos se traduce en un crecimiento de entre 1.7 y 2.8% en la productividad laboral; y un nivel nutricional inadecuado de la población (por debajo de 2,770 calorías diarias por persona) produce una pérdida de entre 0.23 y 4.7 puntos porcentuales del crecimiento anual del PIB per cápita. Estudios recientes de la organización mundial de la salud OMS reportan que los hombres que sufren anemia son 20% menos productivos que los que tienen niveles de nutrición adecuados.

¿Cuál es la situación en México? Para contestar esa pregunta basta con analizar datos muy básicos: la esperanza de vida de los hombres mexicanos es de 72.1 años, sin embargo, de ese total, sólo 63.3 serán años de vida saludable (AVISA). Debido a problemas de salud, el mexicano promedio perderá 8.3 años de vida saludable y, de ese total, 1.5 años serán perdidos precisamente en la mejor etapa productiva, es decir, entre los 25 y los 55 años.

Lo anterior es muy serio si lo comparamos con naciones con las que nos interesa competir o de las que somos socios comerciales. La vida saludable de los coreanos es de 64.8 años, la de los estadounidenses 67.2, la de los españoles 69.9, de italianos 70.7 y de los japoneses 72.3. Todos ellos nos superan tanto en esperanza de vida total como en esperanza de vida saludable y en esperanza de vida productiva. Los mexicanos, en promedio, perderán por problemas de salud el 11.6% de su vida saludable (el más alto entre países miembros de la OECD), mientras los coreanos sólo perderán el 9.7% y los norteamericanos el 8.9%. La economía mexicana dispone de individuos que tendrán vidas productivas seriamente restringidas y mermadas por deficiencias en los sistemas de atención de salud pública.

Los 8.3 años de vida saludable que el mexicano promedio pierde y, especialmente, los 1.5 años que se pierden en la etapa obvia de vida productiva tiene un valor económico muy claro. Pongamos en la mesa al trabajar típico afiliado al IMSS que gana en promedio 3 salarios mínimos. Cada año de vida saludable (AVISA) que ese trabajador pierde tiene un costo económico para él y para su familia de más de 5,400 dólares. Lo anterior quiere decir que a lo largo de una generación (30 años), México dejará de generar sólo por pérdida de años de vida saludable de su población en edad productiva y considerando únicamente su base de 30 millones de empleos formales, un total de 243 mil millones de dólares, esto es más de 10 veces los ingresos generados anualmente por el petróleo y más de un tercio del PIB anual. 243 mil millones de dólares es el costo que en una generación pagamos por las ineficiencias que genera no brindar a los trabajadores y empresas sistemas de salud accesibles y de calidad.

Ese ingreso perdido, esos años de vida productiva que los mexicanos pierden por problemas de salud, representan un pilar esencial que está ausente en nuestra ecuación del desarrollo nacional. México hoy destina al gasto en salud pública apenas el 2.8% del PIB, cuando el promedio en naciones con niveles de desarrollo comparable o ligeramente superior es de 6%. Hasta sistemas de salud altamente privatizados como el de los Estados Unidos destinan al gasto público en salud el 6.6% del PIB.

Se puede argumentar que en México cada vez se opta más por esquemas de salud privados, pero el gasto privado en salud (3.4% del PIB) si bien es más alto que el promedio internacional de 2.4% no compensa el déficit que se tiene en salud pública (por ejemplo, en España el gasto privado en salud es de sólo 2.2%, pero el gasto público es de 5.4%, para un total de 7.6%, frente al total mexicano de 6.2%). Peor aún, mucho del gasto privado en salud, hasta un tercio del total, es en realidad gasto doble que tienen que realizar muchas empresas para dar un seguro extra a quienes ya son afiliados de las instituciones públicas, lo que duplica al carga sobre la base productiva de la economía en general. Una inadecuada política de salud tiene ya enormes costos económicos y de competitividad para el país.

Finalmente, al preguntarnos sobre los dilemas de la salud en México y sus efectos económicos más claros, debemos referir que la evidencia empírica muestra que el prepago por servicios de salud es la forma más eficiente de financiar el sistema de salud de un país. Sin embargo, en México se estima que hoy más de 55% de la población carece de oportunidades accesibles para realizar prepagos en favor de la protección de su salud.

Este grupo incluye a individuos que no trabajan y trabajadores no formales e independientes. Esto genera que muchas familias tengan que gastar excesivamente y de su bolsillo para la atención de la salud en el momento de utilizar los servicios, y que entre 2 y 3 millones de familias al año sufran gastos catastróficos en salud que exceden al 30 por ciento de sus ingresos disponibles, después de satisfacer sus necesidades básicas. Los gastos catastróficos afectan mayoritariamente a los hogares pobres. Se estima que 85% son hogares no-asegurados que a la vez se concentran en los deciles más pobres. Implica también que las familias tengan que estar dispuestas a financiar en forma inmediata, no planeada e inesperada, altas sumas de dinero para cuidar su salud, lo que implica un impacto en su capacidad de ahorro de corto, mediano y largo plazo para alcanzar otras necesidades como vivienda y educación.

Este segundo elemento de los dilemas de la política de salud en México (el gasto repentino en atención médica) sirve para explicar también la falta de capacidad de ahorro de las familias y su impacto general en el nivel de ahorro interno, factor fundamental – de nuevo- para el ciclo económico en general.

Salud y economía van de la mano, y en niveles de desarrollo como los que México debe ahora alcanzar es fundamental sincronizar ambas esferas. La política de salud será en adelante parte de la política integral de crecimiento.