La tercera vía: Una reforma energética posible.

La reforma del sector energético se encuentra estancada. Las propuestas que se han formulado, referidas al sector eléctrico, se han polarizado en torno a dos posiciones básicas.

La primera, que identificaremos como la primera vía para la reforma energética centra su propuesta en la modificación de los artículo 27 y 28 constitucionales, que establecen el dominio de la Nación sobre los hidrocarburos y la exclusividad del Estado para la prestación del servicio público en materia eléctrica . Con la modificación constitucional propuesta se busca que el sector privado pueda participe en el sector eléctrico, pues se aduce que las inversiones requeridas no pueden ser financiadas por falta de recursos públicos para ello y que las acciones ya tomadas para permitir la inversión privada en este sector han sido insuficientes. Corresponden a esta posición las iniciativas de reformas a diversos ordenamientos que regulan la industria eléctrica enviadas a la Cámara de Senadores por el Presidente Fox en agosto de 2002, así como las enviadas por el ejecutivo federal en la administración anterior. En materia de hidrocarburos, ni la administración foxista, ni los demás proponentes de esta primera vía han planteado formalmente iniciativa alguna, si bien reiteradamente insisten, con argumentos similares a los usados en sus iniciativas eléctricas – la insuficiencia de recursos públicos para financiar las grandes inversiones requeridas - en la necesidad de abrir el sector de hidrocarburos a la inversión privada. Los Contratos de Servicios Múltiples, cuya constitucional ha sido cuestionada, han tenido tal propósito.

La segunda posición, que identificaremos como la segunda vía de reforma energética, se opone a la modificación de la Constitución, y propone mantener los artículos 27 y 28 en sus términos actuales, a efecto de que siga correspondiendo exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. La mas completa y representativa de esta vía es la iniciativa presentada por un grupo de Senadores priistas en la Cámara de Senadores en marzo de 2002 . Esta iniciativa tampoco plantea reforma alguna en materia de hidrocarburos. Sin embargo, es claro, que para los proponentes de esta segunda vía para la reforma energética el reto energético en materia de hidrocarburos debe ser resuelto sin modificar los artículos constitucionales mencionados.

Ahora bien, ninguno de los proponentes en ambas vías de reforma han logrado el consenso suficiente para hacer avanzar sus propuestas. Ello implica que los problemas incluidos en los respectivos diagnósticos, y que constituyen la base para justificar la necesidad de una reforma, se mantienen sin solución; si algo ha sucedido, es que dichos problemas se han agravado.

En este contexto, el PRI en su pasada asamblea modificó sus documentos básicos incluyendo cambios, entre otros aspectos, a la política energética. Lo anterior hace posible pensar en la posibilidad de una tercera vía para la reforma energética.

El primer paso para delinear lo que vamos a llamar La Tercera Vía: Una Reforma Energética Posible, es identificar las principales coincidencias así como las diferencias mas significativas que se dan entre las propuestas de las dos vías ya mencionadas. Estoy convencido de que a partir de las primeras, como se muestra a continuación, es posible construir una solución viable que permitan superar las segundas.

Al respecto, las coincidencias mas relevantes se pueden sintetizar en :

1. Existe la necesidad urgente de una reforma energética para garantizar un suministro de combustibles y de energía eléctrica, confiable, suficiente y a precios competitivos al desarrollo de la economía nacional.

2. Se requieren inversiones cuantiosas para garantizar esta disponibilidad de energía que demanda el desarrollo nacional.

3. PEMEX y CFE deben mantenerse en el ámbito del sector público y deben ser fortalecidas

4. La regulación del mercado de la energía debe ser mejorada y los organismos reguladores fortalecidos.

Las discrepancias se centran en que:

 La primera vía propone reformar la Constitución para permitir la inversión privada en este sector, porque considera que los recursos públicos son insuficientes para financiar las cuantiosas inversiones requeridas, mientras que la segunda vía se opone a modificar dichos artículos constitucionales.

Es necesario entrar al análisis de las causas de la insuficiencia de recursos públicos. Ello permitirá no solo identificar problemas que la reforma energética debe resolver, sino que contribuirá a cerrar la distancia que separa a las dos vías de reforma energética ya mencionadas en relación al punto que constituye la principal discrepancia.

Como paso inicial hay que aclarar cuales son los recursos públicos que resultan insuficientes: los del gobierno o los de las empresas públicas de energía. Pues siendo ambos públicos, son recursos de naturaleza diferente. Unos, los del gobierno son recursos fiscales, cuyo origen es la legislación tributaria; los otros, los de las empresas, son resultado de un proceso productivo. Esta diferencia esencial implica que su fortalecimiento requiere acciones igualmente diferentes: fortalecer los ingresos del gobierno requiere de una reforma fiscal; fortalecer los ingresos netos de las empresas de acciones de mejora regulatoria, administrativa y de reorganización industrial, entre otras.

A nadie debería preocupar si los recursos del gobierno son insuficientes para invertir en energía, pues nadie espera que el gobierno lo haga, nadie espera que se inviertan recursos fiscales para aumentar la capacidad de generación o transmisión o transformación de electricidad o en exploración de gas o de petróleo. Los únicos recursos fiscales que deberían usarse en energía serían aquellos destinados a pagar los subsidios (relacionados con precios de la energía eléctrica o de los hidrocarburos) que el gobierno, a través de los órganos competentes para ello - el Congreso-, decida, por razones de política pública, otorgar a algún grupo social o actividad productiva.

En cambio si es de preocupar que las empresas públicas de energía no logren generar sus propios excedentes para financiar su crecimiento, como sucede en la actualidad. Por ello, resulta indispensable que la reforma energética incluya las medidas necesarias para mejorar la generación de excedentes de estas empresas.

Entonces la atención debe centrarse en explicar la insuficiente generación de excedentes por parte de las empresas públicas. Para ello, se puede pensar en cuatro hipótesis, no excluyentes:

1. Costos excesivos asociados al marco legal que rige la operación de estas empresas. (costo de la regulación para el control administrativo- presupuestal)

2. Brechas operativas de estas empresas en relación a las mejores practicas internacionales ( ineficiencia operativa)

3. Régimen fiscal no competitivo ( Elevada carga fiscal)

4. Necesidades de inversión superiores a las posibilidades financieras y técnicas de las empresa publicas, aun suponiendo un régimen fiscal competitivo, un marco regulatorio eficiente y niveles de desempeño de las empresas públicas comparables a las mejores practicas internacionales.

La cuantificación de la contribución que cada una de estas hipótesis hace para explicar la insuficiente generación de excedentes para inversión de las empresas públicas requiere un ejercicio que solo puede ser realizado por el ejecutivo federal, quien posee la información suficiente para ello. Sin embargo, su revisión cualitativa permite identificar problemas importantes que deben ser considerados y resueltos por la reforma energética.

Para ello empezaré con los problemas derivados de la normatividad que regula la operación de las empresas públicas existentes. La normatividad vigente en esta materia obliga a estas empresas a seguir complejos procesos burocráticos para la aprobación de sus principales decisiones –de inversión, de manejo de recursos humanos, de precios, de financiamiento, sobre nuevos negocios, entre otras –. Estos procesos son lentos e imponen elevados costos adicionales que afectan los resultados de dichas empresas. La cuantificación del costo de esta normatividad es factible. La conclusión de un estudio realizado en PEMEX el año 2000 fue: la normatividad de control administrativo- presupuestal es onerosa.

En este contexto, la reforma energética, en congruencia con el objetivo compartido de fortalecer a las empresas públicas debe incluir como uno de sus puntos centrales la actualización del marco regulatorio para el control administrativo y presupuestal de las empresas públicas de energía. El propósito de esta actualización regulatoria sería contar con un marco normativo mas eficaz, menos oneroso.

La nueva regulación requerida para fortalecer a las empresas públicas y potenciar su aportación al objetivos básico de la reforma energética - que el país cuente con energéticos de calidad y a precios competitivos- debe incluir la transformación de la CFE y de PEMEX en empresas globales de energía en concordancia con la tendencia internacional, en empresas públicas mexicanas, autónomas, competitivas, de clase mundial. Algunos aspectos que esta nueva regulación debe incluir son: la modernización de los órganos de gobierno de estas empresas, integrados profesionalmente y dotados de plena autonomía de gestión y presupuestal, para que puedan actuar con la rapidez que exige el mercado y con la responsabilidad correlativa por los resultados obtenidos; programas operativos para disminuir, hasta eliminar, las brechas operativas que existen actualmente en el desempeño de las empresas públicas de energía en comparación a las mejores practicas internacionales, programas que contendrían las metas operativas anuales y los plazos adecuados para que los distintos procesos de mejora se realicen; la posibilidad y las condiciones para que PEMEX y CFE puedan entrar en asociaciones tanto en México como en el extranjero que les permita desarrollar una estrategia de crecimiento tecnológico y de generación de mayor valor agregado; mecanismos de control modernos que concilien transparencia con eficiencia y oportunidad en las decisiones; y un nuevo tratamiento fiscal, equiparable al del cualquier empresa industrial, que les permita ser competitivas.

La nueva regulación se podría plasmar en una nueva ley orgánica de PEMEX y CFE donde se regularía la figura propuesta de “Empresas Públicas Autónomas de Energía” mediante las cuales el estado ejercería las funciones exclusivas que le asignan los artículos 27 y 28 de la Constitución.

Antes de entrar a los problemas asociados al tratamiento fiscal de las empresas públicas de energía, es necesario abordar otro conjunto de problemas de la regulación de los mercados de energía: los que se refieren a la protección de los intereses de los consumidores.

Esta protección es necesaria porque dada la naturaleza de las inversiones en este campo, los productores tiende a desplegar conductas monopólicas, y una mala regulación afectaría indebidamente a los consumidores. Ejemplos que muestran dramáticamente los efectos de una mala regulación de este mercado son las crisis de electricidad vividas en California y en la región Noreste de EUA. En México la necesidad de una protección eficaz del consumidor es aun mayor dada la naturaleza de monopolios legales de las empresas energéticas existentes. La protección de los intereses de los consumidores del servicio requiere, pues , una regulación pública eficaz de este mercado y el fortalecimiento de los organismos reguladores. Tal debe ser el segundo propósito de la actualización regulatoria en este campo.

Ahora bien, la modernización del marco regulatorio de control administrativo y presupuestal a que se sujeta a las empresas públicas, en la medida que reduzca el costo de dicha regulación, habrá de aportar un volumen importante de recursos para financiar las nuevas inversiones que son necesarias. Reitero que para el caso de PEMEX, en el año 2000, este costo se estimo en tres mil dólares por año. Una aportación adicional es de esperar como resultado de los esfuerzos que se hagan por mejorar el desempeño operativo de las empresas públicas.

Sin embargo, es factible que, a pesar de contar con un marco regulatorio para el control administrativo y presupuestal mas eficiente y menos oneroso, que a pesar que las empresas públicas de energía alcancen niveles de desempeño comparables a las mejores practicas internacionales, las necesidades de inversión en el sector energético superen las posibilidades financieras y técnicas de las empresa públicas.

Por lo tanto es necesario tener presente que otra aportación significativa de recursos debe provenir de la revisión del tratamiento fiscal de estas empresas. Es conocido que tanto PEMEX como CFE han estado sujetas a un tratamiento fiscal confiscatorio y que ello es parte importante de la explicación de porque estas empresas no han podido generar mayores excedentes para financiar las inversiones necesarias para mejorar su operación y atender eficientemente las necesidades del país.

En consecuencia, la reflexión sobre los mecanismos y modalidades para movilizar los recursos privados que complementen la inversión que puedan realizar las empresas públicas, debe hacerse junto con la reflexión sobre el tratamiento fiscal que deben tener las empresas públicas de energía. Las soluciones que resulten de esta reflexión deben ser parte de la reforma energética.

Una reforma energética viable requiere dar un nuevo tratamiento fiscal a ambos organismos, en línea con el tratamiento que reciben empresas comparables en diversas partes del mundo. Actualmente la carga fiscal que soportan ambas empresas es excesiva. En el caso de los hidrocarburos, alrededor de las dos terceras partes de los ingresos brutos resultantes de su explotación se han destinado año con año a subsanar la insuficiencia recaudatoria del sistema tributario. En CFE, si bien en menor grado, también su carga fiscal es elevada. No podemos engañarnos: sin una modificación del régimen fiscal de CFE y PEMEX, que reduzca su carga fiscal para alinearla a proporciones comparables a lo que se paga en otros países, esto es sin un régimen fiscal competitivo, PEMEX y CFE no serán competitivas y sin empresas públicas competitivas ninguna reforma energética tendrá éxito.

Respecto a la reforma del régimen fiscal de la CFE, una solución aceptable sería que la Comisión Federal de Electricidad tenga el mismo trato fiscal que cualquier otra empresa industrial y con reglas nuevas para lograr una transparencia total de los subsidios que otorga esta institución.

En materia de hidrocarburos, la propuesta d esta tercer vía parte de reconocer que los hidrocarburos son propiedad de la nación, que no hay razón que justifique modificar lo anterior, y que por tanto los ingresos que se originen con su explotación deben ser destinados en beneficio de la nación, con visión de largo plazo.

En consecuencia el reto que la reforma energética debe resolver es como regular la utilización de los recursos originados por la explotación de los hidrocarburos, propiedad de la Nación. La solución que se propone conjuga el mantenimiento de la rectoría estatal sobre el desarrollo energético, la propiedad nacional de los hidrocarburos y con una regulación eficaz y con visión de largo plazo, respecto de cómo deben ser utilizados los recursos originados por la explotación de estos recursos nacionales.

Así, esta tercera vía propone que

1. En congruencia con la definición constitucional de que los hidrocarburos son propiedad de la nación, dicho texto se complemente con la definición de los usos a que legalmente pueden destinarán los recursos que genere la explotación de los hidrocarburos. Se propone que los ingresos que resulten de dicha explotación solo puedan aplicarse a los siguientes tres destinos:

Primero. destinar una parte de estos recursos para la operación de la institución Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias. El monto asignado a este propósito debe estar limitado por la obligación de PEMEX y sus subsidiarias de cumplir con estándares de eficiencia y racionalización de la industria, derivados de las mejores prácticas internacionales.

Segundo. Destinar otro porcentaje para contribuir al financiamiento de la hacienda pública. Es incuestionable que la proporción actual que se destina a este propósito, alrededor de dos terceras partes del total, debe reducirse de manera. La propuesta sería reducirlo para ponerlo en línea con lo que soportan empresas petroleras similares a PEMEX ( no mas de 30 -35%). Pasar de la proporción actual a la deseada sería un proceso gradual a lo largo de varios años, para dar tiempo a la hacienda pública de realizar la reforma fiscal necesaria para compensar este cambio.

Tercero. El último destino que tendrían los recursos de la explotación de los hidrocarburos sería para constituir el Fondo de Inversión para el Desarrollo y Diversificación de Petróleos Mexicanos (o el nombre que se desee). Los recursos asignados a este tercer destino - que llegarían a ser de alrededor de un tercio del total de los ingresos producto de la explotación de los hidrocarburos - se utilizarían para financiar:

a.Las inversiones relacionadas con la explotación y el desarrollo de los carburos de hidrógeno; es urgente que PEMEX disponga de recursos de inversión para la exploración y explotación de sus reservas de hidrocarburos.

b. La creación y desarrollo de proyectos de energía. En este caso los recursos de este fondo podrían mezclarse con recursos privados, nacionales y extranjeros, para desarrollar proyectos mixtos en materia de energía. Estos proyectos se realizarían a través de empresas publicas mixtas, una nueva figura, que se regularían en los términos que prevea una nueva Ley para el desarrollo energético del país; y

c. La investigación y desarrollo tecnológico en el área energética.

2. La reglamentación del nuevo texto constitucional, que establece los tres destinos para los ingresos de la explotación de los hidrocarburos, se desarrollaría en una nueva Ley para el desarrollo energético del país. En esta ley se prevería el funcionamiento y operación del Fondo de Inversión para el Desarrollo y Diversificación de Petróleos Mexicanos, el desarrollo de la figura del nuevo derecho sobre la explotación de hidrocarburos que se utilizaría para efectos de la carga fiscal del mismo y se desarrollaría también la figura propuesta de nuevas empresas públicas mixtas de energía que resultarían de las coinversiones que se realicen con recursos del Fondo de Inversión ya mencionado y los recursos privados nacionales y extranjeros.

3. Esta nueva ley se complementaría con las respectivas nuevas leyes orgánicas para regular a CFE y PEMEX en los términos ya señalados, con el objetivo expreso de mejor su operación, de fortalecerlas como empresas, públicas, mexicanas, autónomas y competitivas, de energía en concordancia con la tendencia internacional.

La viabilidad hacendaría para asumir la constitución del Fondo de Inversión para el Desarrollo y Diversificación de Petróleos Mexicanos requerirá de una reforma fiscal integral y a fondo, con sentido de equidad. Ello es urgente y debe ser llevado a cabo. No hay de otra: una reforma energética que no modifique el régimen fiscal de PEMEX y CFE, y ello significa que disminuya la excesiva carga fiscal actual, no cumpliría con el propósito de fortalecer a dichas empresas y sería, por tanto una reforma energética contraria al interés nacional.

En suma, la actualización del marco fiscal y de la normatividad para el control administrativo de PEMEX y CFE aportará una parte importante de los recursos necesarios para la expansión de estos sectores, en la medida que reduzca dichas cargas - la fiscal y la regulatoria -. Una contribución adicional también significativa debe provenir de procesos de mejora del desempeño operativo de las empresas públicas. La creación del Fondo de Inversión para el Desarrollo y Diversificación de Petróleos Mexicanos y la posibilidad de mezclar estos recursos, legalmente sancionada, con recursos privados, nacionales y extranjeros, permitirá al país movilizar los recursos necesarios para superar rezagos y atender el crecimiento de las necesidades de energía de un desarrollo mas vigoroso.

Esta tercera vía se basa en la premisa de que los mercados no se regalan, y que el objetivo de la reforma no es privatizar, sino que se trata, en última instancia, de utilizar las ventajas que tenemos – el contar con empresas públicas y ser la décima economía del mundo- para transformar al sector energético en palanca del desarrollo nacional.

En los próximos años, al menos por la próxima década, una característica dominante de la economía internacional será la persistente inestabilidad de los mercados financieros internacionales y las condiciones fluctuantes del crecimiento de las economías mas desarrolladas. La viabilidad de la economía mexicana en estas condiciones de inestabilidad refuerza la necesidad de que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad permanezcan en el ámbito del sector público. La inversión que en ellas debe realizarse, aunada a la importante movilización de recursos privados que se hará posible con el esquema de coinversiones planteado, implicaría volúmenes adicionales cuya magnitud, del orden de tres a cuatro puntos del PIB por año, y continuidad, por mas de dos décadas, será un factor de estabilidad para nuestro crecimiento. Con ello se consolida el nuevo Estado Rector moderno y su capacidad para orientar el crecimiento en función de las necesidades sociales.

Es posible una Tercera Vía para la Reforma Energética.

1) Las Premisas a. Rectoría estatal sobre el desarrollo energético, b. La propiedad nacional de los hidrocarburos c. PEMEX y CFE deben mantenerse en el ámbito del sector público d. Los mercados no se regalan. Las ventajas que México tiene – el contar con empresas públicas y ser la décima economía del mundo- deben ser utilizadas para transformar al sector energético en palanca del desarrollo nacional

2) Los objetivos a. Garantizar un suministro de combustibles y de energía eléctrica, confiable, suficiente y a precios competitivos al desarrollo de la economía nacional. b. Fortalecer a PEMEX y CFE c. Fortalecer la capacidad de los organismos para regular el mercado de energía y proteger los intereses de los consumidores d. Transformar el sector energético en palanca del desarrollo nacional

3) Las propuestas a. Actualizar el marco regulatorio para el control administrativo y presupuestal de las empresas públicas de energía con el propósito de contar con un marco normativo mas eficaz, menos oneroso.

Para ello se propone

i. Una nueva ley orgánica de PEMEX y CFE que las regularía como “Empresas Públicas Autónomas de Energía” mediante las cuales el estado ejercería las funciones exclusivas que le asignan los artículos 27 y 28 de la Constitución.

ii. Esta nueva regulación desarrollaría las bases para transformar a la CFE y de PEMEX en empresas de energía en concordancia con la tendencia internacional. Algunos aspectos que esta nueva regulación incluiría son:

1. La modernización de los órganos de gobierno de estas empresas, integrados profesionalmente y dotados de plena autonomía de gestión y presupuestal, para que puedan actuar con la rapidez que exige el mercado y con la responsabilidad correlativa por los resultados obtenidos;

2. programas operativos para disminuir, hasta eliminar, las brechas operativas que existen actualmente en el desempeño de las empresas públicas de energía en comparación a las mejores practicas internacionales, programas que contendrían las metas operativas anuales y los plazos adecuados para que los distintos procesos de mejora se realicen;

3. la posibilidad y las condiciones para que PEMEX y CFE puedan entrar en asociaciones tanto en México como en el extranjero que les permita desarrollar una estrategia de crecimiento tecnológico y de generación de mayor valor agregado; mecanismos de control modernos que concilien transparencia con eficiencia y oportunidad en las decisiones; y

4. un nuevo tratamiento fiscal, equiparable al del cualquier empresa industrial, que les permita ser competitivas.

b. Actualizar y unificar normas dispersas que regulan el mercado energético i. para fortalecer la autonomía de los organismos reguladores para regular el mercado, proteger los interese de los consumidores y evitar conductas monopólicas que afecten indebidamente a los consumidores,. ii. consolidar los principios de transparencia y participación social. c. Un nuevo tratamiento fiscal para PEMEX y CFE competitivo y en línea con el tratamiento que reciben empresas comparables en diversas partes del mundo.

i. Para la Comisión Federal de Electricidad, el mismo trato fiscal que cualquier otra empresa industrial. Este esquema deberá desarrollar reglas nuevas que permitan lograr la transparencia total de los subsidios que otorga esta institución, los cuales deberán ser con cargo a los recursos fiscales del gobierno.

ii. En materia de hidrocarburos. Establecer a nivel constitucional, conforme a la definición constitucional del dominio de la nación sobre los hidrocarburos, las bases para distribuir los ingresos que genere la explotación de los hidrocarburos. Estas ingresos se aplicarían a lo siguiente:

1. una parte, para la operación de la institución Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias. El monto asignado a este propósito debe estar limitado por la obligación de PEMEX y sus subsidiarias de cumplir con estándares de eficiencia y racionalización de la industria, derivados de las mejores prácticas internacionales.

2. Otro porcentaje para contribuir al financiamiento de la hacienda pública. Este porcentaje deberá estar en línea con lo que soportan empresas petroleras similares a PEMEX ( de 20 a no mas de 30 -35%). Pasar de la proporción actual al nuevo porcentaje sería un proceso gradual a lo largo de varios años.

3. El resto para constituir el Fondo de Inversión para el Desarrollo y Diversificación de Petróleos Mexicanos. Los recursos asignados a este se utilizarían (del orden de 2% del PIB por año) para financiar:

a. Las inversiones a cargo de PEMEX para la exploración y explotación de sus reservas de hidrocarburos.

b. La creación y desarrollo de proyectos de energía. En estos casos los recursos de este fondo podrían mezclarse con recursos privados, nacionales y extranjeros, para desarrollar proyectos mixtos en materia de energía. Los proyectos se realizarían a través de empresas publicas mixtas, una nueva figura que se regularían en los términos que prevea una nueva Ley para el Desarrollo Energético del país; y

c. la investigación y desarrollo tecnológico en el área energética.

d. Este fondo recibiría un monto mínimo del orden de 1.5% a 2 % del PIB cada año de recursos provenientes de la explotación de los hidrocarburos. Ello aunado a la mezclas con recursos privados nacionales y extranjeros podría financiar inversiones adicionales de 3 a 4% puntos del PIB por año, esto es montos cercanos a los 20 mil millones de dólares al año. El Banco Mundial, según lo consignaron los medios recientemente, estima las necesidades de inversiones en energía en México en el orden de 14 MM de dólares por año. iii. Una nueva Ley para el Desarrollo Energético para reglamentar el nuevo texto constitucional que establezca los tres destinos para los ingresos de la explotación de los hidrocarburos.

En esta ley nueva se prevería:

1. El funcionamiento y operación del Fondo de Inversión para el Desarrollo y Diversificación de Petróleos Mexicanos,

2. El desarrollo de la figura del nuevo derecho sobre la explotación de hidrocarburos que se utilizaría para efectos de la carga fiscal del mismo y

3. La figura propuesta de nuevas empresas públicas mixtas de energía que resultarían de las coinversiones que se realicen con recursos del Fondo de Inversión ya mencionado y los recursos privados nacionales y extranjeros.